La formación reacciona así a las declaraciones del vicealcalde de Valencia Alfonso Grau en las que, apoyándose en una sentencia judicial, intenta dar justificación a la paralización de la concesión de licencias de obras y actividades en el ámbito del PEPRI.

Debido a la interpretación sesgada que realiza el consistorio de la Orden Ministerial que paraliza el PEPRI, contraria a los informes del Defensor del Pueblo y de la Abogacía del Estado, el Ayuntamiento está paralizando sistemáticamente la concesión de licencias, lo que está provocando que el barrio del Cabanyal-Canyamelar no pueda salir de su estado de deterioro, añadiéndose esta situación a los problemas de falta de limpieza, seguridad ciudadana y conflicto social.

UPyD exige al Ayuntamiento que asuma su responsabilidad en la búsqueda de una solución real y consensuada entre todos los sectores implicados y que cumpla su compromiso de poner en marcha un plan integral para abordar la degradación del barrio, mediante el control de las viviendas y solares ‘okupados’ y la colaboración de la Policía Nacional para abordar el tráfico de drogas. A día de hoy queda de manifiesto el incumplimiento de dicho compromiso fraguado en la reunión con los representantes de las asociaciones vecinales el pasado mes de octubre.

A juicio del coordinador local de UPyD en Valencia, Eduardo Gómez, “la situación actual del barrio exige la búsqueda de medidas urgentes que eviten la continua degradación de la zona, sin esperar a la resolución del Tribunal Constitucional y que atienda a las necesidades reales de los vecinos”. Gómez exige el desbloqueo de la concesión de licencias en el ámbito del PEPRI no afectado por la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez y un plan de actuación urgente que luche contra la degradación del barrio. 

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