Xavier Simón: “Los impuestos de carácter general han sufrido un incremento desmesurado y, en ese contexto de rapiña fiscal, es necesario denunciar, una vez más, la política seguida por el Consorcio de Residuos Sólidos en cuanto afecta al cobro de sus tasas que recurrimos más de 10.000 ciudadanos en 2012 por abusivas e injustificadas y de las que el tiempo nos ha dado la razón, ya que en estos momentos estamos en periodo de cobro de las tasas de 2013 y, efectivamente, se han cumplido nuestras previsiones: pagamos el doble por un servicio que no ha mejorado en absoluto y que lleva camino de convertirse en el mayor escándalo político y económico de la historia en nuestra comarca, por la opacidad en la tramitación administrativa de la concesión de la explotación del servicio y la construcción del macro vertedero, como por las trampas administrativas y los favoritismos que se han dado en la elaboración de la ordenanza y la gestión de un servicio que gasta sin orden ni control y que esconde a los ciudadanos la intención del Consell de instalar, además, una incineradora.”

El informe político del Secretario General que hizo balance de las actuaciones de la Comisión Ejecutiva Comarcal en los meses transcurridos desde la última reunión de este órgano comarcal celebrada en Chella, abordó los principales problemas de la comarca en materia de bienestar social, salud pública, educación, empleo y desindustrialización que está destruyendo el tejido económico y social de la comarca, acabando con una clase media emprendedora y condenando a la precariedad y a la pobreza a miles de familias en las que ya están pasando hambre los niños y en las que los mayores, que ven afectadas sus pensiones, están manteniendo la red básica solidaria que está impidiendo un estallido social ante la actuación impasible de las administraciones gobernadas por el PP que andan enredadas en sus luchas internas y en el recuento de imputados entre sus filas.

El pleno del Comité Comarcal, dio luz verde a la propuesta de la Comisión Ejecutiva Comarcal en la que se acuerda que, a partir de hoy, las agrupaciones socialistas estarán abiertas para que los ciudadanos puedan ser informados de nuestras acciones y de sus derechos; al respecto tendrán a su disposición un manifiesto en el que las personas puedan estampar su firma de rechazo y de protesta, una instancia administrativa de petición para el fraccionamiento de la tasa para aquellas personas que deseen pagarla, una moción para que sea presentadas en todos los ayuntamientos y un encargo formal de apoderamiento de los ayuntamientos en los que gobierna el PSPV para iniciar una revisión total del expediente administrativo del Consorcio y, en función de las conclusiones que se dictaminen, el inicio de las acciones  legales oportunas., sin que se descarten las acciones sociales, administrativas y políticas que sean necesarias como respuesta a las acciones insensatas del COR.

Una Moción redactada para ser presentada por todos los Grupos Municipales Socialistas de la comarca ha sido remitida a los portavoces socialistas en los ayuntamientos y, en el transcurso del Comité Nacional celebrado el pasado sábado, se entregó al Vicesecretario General de Organización la resolución política aprobada para que sea estudiada por la máximas instanciar orgánicas del PSPV-PSOE se remita a las instituciones parlamentarias para articular iniciativas en ese sentido.

Esta resolución política profundiza en las tesis que viene defendiendo el PSPV-PSOE de la Costera-Canal de Navarrés desde 2005 y abunda una vez más en el replanteamiento inmediato del Consorcio de Residuos del Plan Zonal X , XI y XII (área de gestión 2) al no haber cumplido los objetivos para el cual fue creado, la devolución del dinero cobrado a los vecinos de las poblaciones  que han tenido que pagar más por la tasa de residuos sólidos de lo que venían pagando habitualmente en los años anteriores a sus ayuntamientos, abrir la discusión para la modificación del Plan Zonal y sobre las instalaciones de incineradoras que la Generalitat Valenciana pretende implantar, que cada mancomunidad, bien en solitario o bien con acuerdos con otra, pueda desarrollar su propio plan de residuos y que sea la Generalitat y la Diputación de Valencia, entidades que participando en la gestión, gobierno y control del Consorcio sin apenas hacer aportaciones económicas al presupuesto del mismo, abonen, con cargo a sus presupuestos los gastos indebidos ocasionados. 

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