Más de 300 alcaldes y alcaldesas de localidades de la Comunitat han suscrito un manifiesto por una financiación justa impulsado por la Generalitat Valenciana en el que se exige una reforma inmediata del sistema con efectos a partir de enero de 2014, el reconocimiento de un déficit acumulado cifrado en al menos 12.433 millones de euros y la ejecución de inversiones estatales equiparables al peso poblacional del territorio valenciano.

El President Ximo Puig, durante su intervención, ha insistido que estas exigencias tienen como objetivo acabar con el vigente modelo de financiación autonómico “que nos mantiene a la cola de España” en gasto por habitante, para que los valencianos y valencianas “puedan tener las mismas oportunidades que el resto de habitantes españoles, activar nuestras potencialidades para acelerar el cambio de modelo productivo y conseguir un objetivo irrenunciable, el derecho del trabajo para todos”.

Con este fin, desde la Generalitat se ha instado a todos los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana a sumarse a este acuerdo. El jefe del Consell ha declarado ante los más de 300 alcaldes reunidos en el Salón de Cortes que “es la hora de los ayuntamientos” y ha remarcado que sin ellos “la Generalitat Valenciana no tendría la misma fuerza a la hora de exigir lo que naturalmente nos toca: el derecho de bienestar y del futuro de nuestra gente”.

En este mismo sentido, el President de la Generalitat ha destacado que los alcaldes y regidores aportan “la imagen comprometida del municipalismo valenciano” y que cuando los pueblos y ciudades valencianas se activan detrás de un objetivo compartido, “nuestra sociedad se transforma en imparable”.

Siguiendo esta misma línea, la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha recordado ante los alcaldes y alcaldesas presentes que la Comunitat Valenciana “es una anomalía democrática en el conjunto del estado porque, pese a ser una comunidad pobre, paga como una rica” y que la financiación que recibe nuestro territorio “no cumple con la Constitución porque impide cumplir las obligaciones políticas, que son la garantía de los derechos de las personas”.

Manifiesto por una financiación justa

Los más de 300 alcaldes de municipios y localidades valencianas presentes en el Palau de la Generalitat, además del Presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Rubén Alfaro, han suscrito su adhesión al Manifiesto por una Financiación Justa que, posteriormente, ha sido leído por el conseller Vicent Soler. Este manifiesto recoge que los últimos años la Comunitat Valenciana ha sido “leal a las instituciones de España y solidaria con las restantes comunidades autónomas en las etapas de prosperidad”, y que ahora, sin embargo, “frente al victimismo insustancial y la autosatisfacción irresponsable, toca decir basta”.

En este sentido, los y las representantes municipales han acordado exigir tres medidas al Gobierno estatal para que la Comunitat Valenciana deje de ser la única autonomía con una renta por habitante inferior a la media, que recibe de los poderes públicos menos de lo que aporta, lo que han tachado como “una profunda quiebra de los principios de equidad y solidaridad”.

En primer lugar, los alcaldes y alcaldesas valencianos exigen una reforma “inmediata” del sistema de financiación autonómico, con efectos a 1 de enero de 2014, que posibilite a los valencianos y valencianas disponer de unos servicios públicos fundamentales de calidad y permita, de igual manera, el ejercicio de las competencias propias con el fin de alcanzar, al menos, la media de financiación por habitante del conjunto de comunidades autónomas.

En segundo lugar, se reclama el reconocimiento de los déficits de financiación acumulados desde que se llevaron a cabo las transferencias de competencias a la Comunitat Valenciana, cifrada en al menos 12.433 millones de euros desde 2002 a 2013, así como la definición y el establecimiento de un mecanismo de compensación de dicho déficit.

Y por último, se ha acordado exigir la ejecución por parte del Estado de unas inversiones en infraestructuras equiparables, como mínimo, al peso poblacional de la Comunitat Valenciana y compensando la insuficiencia inversora de los últimos años.

Se reivindica, en suma, como ha detallado el conseller de Hacienda, Vicent Soler, la necesidad de “permitir a los enfermos, escolares, universitarios, dependientes, parados y pequeños y medianos empresarios valencianos ser iguales al resto de ciudadanos españoles”.

MANIFIESTO POR UNA FINANCIACIÓN JUSTA PARA LA COMUNITAT VALENCIANA

Los ciudadanos y ciudadanas de la Comunitat Valenciana hemos sido leales a las instituciones de España y solidarios con las restantes comunidades autónomas. En nuestras etapas de prosperidad económica hemos sido motor de progreso para ellas.

Las divisas aportadas por nuestros exportadores de productos agrarios e industriales y por nuestras empresas turísticas han ayudado a la economía española en momentos difíciles.

Ahora, aunque seguimos siendo igual de leales y solidarios, la prosperidad valenciana no existe. El estereotipo de riqueza se ha agrietado.

Nos hemos empobrecido respecto al conjunto del país.

Muchas otras regiones españolas disponen ahora de mejores salarios y pensiones, de mejores servicios públicos, de mejores y gratuitas infraestructuras, de mayores recursos para apoyar el desarrollo de pymes y autónomos, para preservar el medio ambiente y ofrecer una mayor calidad de vida a sus ciudadanos.

Como demuestran las cifras del propio Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, aun siendo más pobres seguimos aportando una contribución de dinero a la administración del Estado que se encuentra por encima de la que nos corresponde por nuestro nivel de renta.

De hecho, somos la única autonomía con una renta por habitante inferior a la media que recibe de los poderes públicos menos de lo que aporta, lo que supone una quiebra de los principios de equidad y solidaridad.

Si la Comunitat Valenciana hubiera recibido una financiación por habitante equivalente a la media de España a lo largo del período 2002-2013, nuestra Administración autonómica habría ingresado 12.433 millones de euros adicionales.

Estos recursos equivalen a más del 50% del crecimiento de la deuda pública autonómica a lo largo del período. Otras comunidades, incluidas algunas con una renta per cápita superior a la media, han obtenido recursos por habitante por encima de la media.

Con una financiación como la de estas comunidades, la nuestra podría tener una deuda pública autonómica muy inferior a la actual, hubiéramos podido gastar más en servicios públicos fundamentales.

El sistema de financiación autonómico es el principal, pero no el único motivo, de que la Comunitat Valenciana sea la única autonomía con renta per cápita inferior a la media que registra un saldo fiscal negativo, es decir, que aporta al funcionamiento de las Administraciones Públicas más recursos de los que recibe a través de las políticas de gasto.

Las inversiones del Estado son otro de los factores fundamentales. A pesar de aglutinar casi el 11% de la población española, nuestra Comunidad nunca ha recibido más del 10% de las inversiones del Estado. De hecho, lo más frecuente ha sido que situasen entre el 6 y el 7 por ciento.

Los valencianos y las valencianas llevamos demasiado tiempo maltratados. No hay ninguna explicación razonable, más que la prolongación de viejas inercias históricas, a las que en demasiadas ocasiones se ha sumado una falta de presión reivindicativa por nuestra parte.

Sin olvidar nuestras propias responsabilidades y dispuestos a poner lo mejor de nosotros mismos en el empeño de empujar con energía y constancia la Comunitat Valenciana, nos consideramos con una inmensa fuerza moral para exigir que el Gobierno de España un trato justo.

Afortunadamente, ahora todo puede cambiar, porque existe una total coincidencia entre todas las fuerzas políticas y sociales para acabar con esta situación.

Por ello, frente al victimismo insustancial y la autosatisfacción irresponsable, ahora toca decir: basta.

Hay que poner fin a la indiferencia que se ha adueñado del gobierno de España en lo que respecta a los valencianos y valencianas.

Exigimos que este 11 por ciento de España obtenga una financiación que permita que sus enfermos, escolares, universitarios, dependientes, parados y pequeños y medianos empresarios, sean considerados igual que los del resto del país.

Ambicionamos una Comunitat Valenciana fuerte y potente en una España que atienda a las singularidades de cada territorio y garantice la igualdad entre sus ciudadanos.

POR ESO EXIGIMOS:

1. Una reforma inmediata del sistema de financiación autonómico, con efectos a 1 de enero de 2014, que posibilite a los valencianos y valencianas disponer de unos servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y protección social) de calidad, y permita de igual manera el ejercicio de las competencias propias (empleo, vivienda, medio ambiente, infraestructuras, cultura, promoción económica) alcanzando al menos la media de financiación por habitante del conjunto de comunidades autónomas.

2. El reconocimiento de los déficit de financiación acumulados desde que se llevaron a cabo las transferencias de competencias a la Comunitat Valenciana, cifrada en al menos 12.433 millones de euros desde 2002 a 2013, así como la definición y el establecimiento de un mecanismo de compensación de dichos déficit.

3. La ejecución por parte del Estado de unas inversiones en infraestructuras equiparables, como mínimo, al peso poblacional de la Comunitat Valenciana y compensando la insuficiencia inversora de los últimos años.

 

 

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