A mayor abundamiento, la jurisprudencia constitucional ha señalado la necesidad de extremar las cautelas para que el derecho de defensa no sea meramente formal y la asistencia letrada sea real y efectiva (Sentencias 162/93 y 91/1.994), al igual que lo han señalado resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (SS. 9 de octubre 1.979, caso Airey, 13 de marzo de 1.980, caso Artico y 25 de abril de 1.993 en el caso Pakelli).

Por tanto, la asistencia letrada al imputado ha de ser «efectiva» y no meramente «nominal». Es decir, no basta con que se haya designado un abogado en la causa, de su elección o de oficio, para que se cumpla el derecho de asistencia letrada, porque ésta puede ser, a la postre, puramente formal si se ignora la presencia del Letrado, es decir, si no se le notifica a éste nada o se le notifica a veces y no todo.

¿Y por qué decimos esto? Pues porque ha sido (y, desgraciadamente sigue siendo) una práctica muy extendida en ciertos juzgados de instrucción de la Comunidad Valenciana el o bien notificar con cuentagotas y solo ciertas cosas muy concretas, o bien no notificar absolutamente nada durante la tramitación de las Diligencias Previas a pesar de que la ley obliga a hacerlo al Letrado personado en defensa del imputado desde su primera declaración ante el Juez. 

Rescato para ilustrar esta mala praxis que ha de ser desterrada, un caso que le sucedió a este Letrado en un Juzgado de Instrucción de los de Alcira hace ya unos cuantos años, cuando el Juzgador de Instrucción, desestimando el recurso de reforma planteado por esta parte solicitando nulidad de actuaciones ante la total y absoluta falta de notificación de cualquier actuación de las habidas en las Diligencias practicadas durante dos años, hasta que al cliente se le notificó personalmente el Auto de Incoación de Procedimiento Abreviado, manifestó:

“A partir de la personación de un imputado en el procedimiento está su letrado defensor obligado a velar por la investigación y estar atento a la instrucción que se practica de oficio. Por lo que la existencia de posible indefensión es infundada ahora por el recurrente, dado que no solicitó la práctica de ninguna diligencia de investigación a pesar de conocer la existencia de una acusación contra su defendido”.

“…por la forma en que se ha llevado a cabo la defensa de este imputado por parte del letrado personado en el procedimiento que no ha presentado ningún escrito en dos años”.

Esta postura rompe cualquier mínimo respeto al derecho de defensa:

a.- No vemos mejor manera de velar por los intereses de un imputado que recibiendo las notificaciones del Juzgado para poder, en su caso y si así se decide en el libre ejercicio del derecho de defensa, solicitar lo que se considere oportuno y participar en las Diligencias que se están practicando. Sin las notificaciones no se puede ni participar ni hacer nada.

b.- Veamos como muestra el ejemplo del referido escrito interponiendo recurso de reforma: se presentó a finales de junio del año 2006, se admitió a trámite por Auto de ese Juzgado en fecha 15 de febrero de 2007 (8 meses después!), y se resolvió por Auto de fecha 13 de junio de 2007. Según la postura del Juzgador de instrucción, desde junio del 2006 hasta junio del 2007 deberíamos haber estado pasando por el Juzgado para preguntar cuándo se resuelve o por si se ha resuelto el recurso. Sin embargo, en dichos Autos sí se practicaron diligencias que nunca fueron notificadas a este Letrado (testificales, documentales, personaciones de otros letrados, peticiones de contrario de ciertas diligencias…). Y aún más grave, al abogado del Estado y al Ministerio Fiscal, personados en las actuaciones, sí se les notificaba todo lo que se iba haciendo y, por tanto, sí se les permitía participar de la instrucción del asunto y de las diligencias que se acordaban.

Evidentemente, la asistencia letrada no puede ser real y efectiva si al letrado personado en Autos no se le comunica (notifica) ninguna incidencia del procedimiento.

Recurrido en apelación el Auto que desestimaba el recurso de reforma planteado, la Audiencia Provincial de Valencia estimó el mismo y decretó la nulidad solicitada reconociéndose que se había visto privado de la posibilidad de tener una participación activa en la instrucción de la causa, vulnerando los principios de contradicción y defensa.

Un ejercicio real y efectivo del derecho de defensa ha estado siempre presente en la Convención Europea de Derechos del Hombre y numerosas Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos recuerdan que el objetivo primordial del CEDH reside en proteger derechos no técnicos ni ilusorios sino concretos/efectivos, por lo que no basta con la mera «designación» de un letrado al acusado, si no se consigue con la misma una efectiva «asistencia».

Esperemos que prácticas como las señaladas se vayan erradicando de nuestros juzgados de instrucción y que se permita a todas las partes una participación real y no sólo simbólica en la instrucción de las causas.

Fdo. Francisco J. Ramírez – ARA ABOGADOS SLP.

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