El TC considera que dicha Ley incurre en una extralimitación competencial, vulnerando el art. 149.1, regla 8ª CE, por recaer sobre una materia civil sobre la que la Comunitat Valenciana carece de competencia para legislar, ya que al tiempo de promulgarse la Constitución en la Comunidad no existía ninguna norma propia, ni legal, ni consuetudinaria, sobre régimen económico matrimonial, tal y como exige el referido precepto para que una Comunidad Autónoma pueda conservar o modificar el Derecho civil propio existente en ese preciso momento.

El TC, al respecto de las situaciones consolidadas, es decir, al respecto de los regímenes de separación de bienes existentes en este momento existentes como consecuencia de matrimonios celebrados bajo la Ley ahora declarada inconstitucional, se manifiesta en este sentido:

Nuestro pronunciamiento de inconstitucionalidad no afectará a las situaciones jurídicas consolidadas, pues este Tribunal entiende que si durante la vigencia de la LREMV, que ahora se declara inconstitucional, los cónyuges sujetos al derecho civil foral valenciano no han hecho uso de su facultad de capitulación, se debe a su voluntad de someterse al régimen subsidiario en primer grado que aquélla establece. En este sentido, hay que subrayar que el derecho civil –sea el común o el foral- es eminentemente un derecho creado por y para los particulares, que resuelve los problemas que puedan surgir en sus relaciones privadas. Es el derecho de la autonomía de la voluntad por antonomasia que surge como máxima expresión de la libertad y, por ello, es un ordenamiento conformado en su mayor parte por normas de carácter dispositivo, es decir, primero rigen los pactos y subsidiariamente la norma legal.

Dada la naturaleza dispositiva y la primacía de la autonomía de la voluntad que rige esta disciplina, los particulares deben seguir alcanzando libremente sus pactos de autorregulación, sometiéndose a la reglamentación que estimen más acorde a sus intereses. Por tal motivo, rigiendo en esta materia el principio capitular y siendo respetuoso con las libertades individuales, tras la publicación de esta sentencia, seguirán rigiéndose por el mismo régimen económico matrimonial que hubiera gobernado sus relaciones, salvo que su voluntad contraria sea manifestada mediante las oportunas capitulaciones. Por lo demás, la declaración de nulidad de la LREMV no ha de afectar a las relaciones de los cónyuges con los terceros que, en todo caso, se regirán por el régimen matrimonial vigente en cada momento”.

Desde la firmeza de este fallo, el régimen económico matrimonial de aquellos valencianos que contraigan matrimonio será el de gananciales, debiendo acudir al notario si quieren pactar la separación de bienes. Se les aplicará el régimen de gananciales por defecto como ocurre en el resto de España, a excepción de otras comunidades con régimen foral como Cataluña, donde si funciona la separación de bienes por defecto.

Con esta sentencia como precedente se verán igualmente afectadas el resto de leyes forales, como es el caso de la ley que prioriza la custodia compartida en caso de desacuerdo entre los cónyuges que se separan y la ley de parejas de hecho. Ambas leyes fueron también recurridas ante el TC por el Gobierno, por lo que el alto tribunal aplicará los mismos fundamentos jurídicos y serán declaradas, muy posiblemente, contrarias a la norma constitucional.

Fdo. Francisco J. Ramírez – ARA ABOGADOS SLP.

 

 

 

 

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